Lo que debe saber sobre la Caja de Pandora y Álvaro Arzú

El pasado 5 de octubre se destapó otro caso de corrupción haciendo tradición a los Jueves de Cicig. En esta oportunidad, Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público (MP) e Iván Velásquez, comisionado del organismo de la Organización de las Naciones Unidas, detallaron desviaciones de fondos de la Municipalidad de Guatemala para la elaboración de productos publicitarios que sirvieron para la campaña a la alcaldía capitalina de Álvaro Arzú Irigoyen.

La fuente del nuevo escándalo político, según se informó por Aldana y Velásquez, es Alejandra Reyes Ochoa, exconviviente del fallecido Byron Lima, quien se convirtió en colaboradora eficaz de la CICIG.

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Byron Lima junto con Alejandra Reyes (Foto: Facebook)

Según las dos entidades denunciantes; cuando Mauricio López Bonilla fungió como ministro de Gobernación durante el período de Otto Pérez Molina;  habría otorgado a Lima el control de los traslados de reclusos que efectúa la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

Además, el exfuncionario habría facilitado el nombramiento de Luis Alberto González Reyes, como director del Sistema Penitenciario, quien habría autorizado todos los requerimientos de Lima Oliva.

 

 

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Mauricio López Bonilla (Foto: Insight Crime)


En la acusación se indica que el privado de libertad negociaba con otros reos los traslados, especialmente hacia Pavoncito, donde él cumplía su condena, a cambio recibía pagos, que variaban según el poder adquisitivo de cada persona.

 


 

El abogado Moisés Galindo habría sido el encargado de recibir esos pagos, que podían ser también de propiedades o vehículos, y los habría legalizado a nombre de la familia de Lima Oliva, explicaron MP y CICIG.

El “Señor Oro” y Byron Lima

Alejandra Reyes aportó evidencias con las cuales vinculaba a su exconviviente con la síndico primera de la Municipalidad de Guatemala, Luisa María Salas, y con la funcionaria de la comuna Zorayda Herinck, con quienes habría realizado diferentes negocios, los cuales habrían sido recibidos con facturas en blanco, que luego se llenarían con diferentes rubros.

Según el Ministerio Público los negocios se realizaron por medio de la cooperativa Torre Fuerte; la cual ofrecía servicios de serigrafía y de impresión de mantas; y que además era propiedad de Byron Lima.

Lima Oliva quien murió el 18 de julio del 2016, empleaba a reclusos de Pavoncito en dicha cooperativa y así mismo organizaba talleres en la capital, los cuales eran aprovechados para afiliar a personas al Partido Unionista (liderado por el Jefe Edil Álvaro Arzú) y en donde se utilizaba material de propaganda elaborado por Torre Fuerte.

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Alcalde de Guatemala Álvaro Arzú (Foto: Rocío Ávila)

Según se detalló en la presentación del nuevo caso, Alejandra Reyes entregó a la fiscalía una carta firmada por Byron Lima, dirigida aparentemente a Álvaro Arzú, a quien mencionaban con el pseudónimo Señor Oro, donde solicitaban Q727 mil para pagar una operación, un auditor y honorarios de abogados.

Alejandra Reyes explicó que había sido merecedora de una plaza fantasma, al igual que su madre, dentro de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), y confesó que recibió un cheque (y posteriormente se le depositaba en el banco), sin llegar a trabajar. Además, se mencionó que la viuda de Obdulio Villanueva, exguardespaldas de Arzú, también tenía una plaza fantasma.

Así se dio a conocer el caso

La jefa del MP explicó que se giraron 14 órdenes de captura, de las cuales se concretaron 11, y que se había girado la solicitud de antejuicio contra el alcalde Álvaro Arzú quien de manera sorpresiva llegó a la conferencia de prensa y solicitó la palabra en tres ocasiones, sin embargo, las peticiones le fueron denegadas.

Al abogado Moisés Galindo se le acusa de lavado de dinero u otros activos, por haber blanqueado propiedades y vehículos provenientes de un pago ilícito. Las funcionarias municipales, Luisa María Salas y Zorayda Herinck, son señaladas de peculado, y existen sospechas de que el jefe de la comuna (Arzú) incurrió en peculado y financiamiento electoral ilícito.

Al concluir la conferencia de prensa, Arzú Irigoyen brindó declaraciones a la prensa, y argumentó que la acción del MP y la Cicig es una venganza política, ya que él evitó que esas entidades propinaran un golpe de Estado a Jimmy Morales. (Morales enfrentó una solicitud de Antejuicio el pasado 25 de agosto, por un supuesto financiamiento electoral ilícito. De dicha solicitud Morales fue librado por los legisladores del Congreso de la República).

El jefe edil, expuso que él ni siquiera hizo campaña política, por lo que no podría incurrir en financiamiento ilícito. Eso sí, confirmó que ayudó a Byron Lima y a la viuda de Obdulio Villanueva, ya que habían sido miembros de su personal de seguridad, y consideró que se cometió una injusticia al tenerlos en la cárcel.

Villanueva fue asesinado en un motín ocurrido en el centro Preventivo de la zona 18 en el año 2003.

Andrea Monzón Ramos, viuda de Obdulio Villanueva (Vídeo: Rocío Ávila)

Momentos después, frente a un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Guatemala, en la afueras de ese comuna, Arzú dijo en alusión al jefe de la Cicig: “Yo lo declaro non grato de la Ciudad de Guatemala, que se largue de aquí”, y fue aplaudido. Después de su discurso, besó a su hijo, el diputado Álvaro Arzú Escobar, y posteriormente la multitud entonó el Himno Nacional de Guatemala.

En tribunales

Los sindicados fueron presentados ante la jueza de Mayor Riesgo D, Éricka Aifán, quien les hizo saber el motivo de detención y ordenó su trasladado a un centro carcelario.

Según fiscales del MP, Luis Alberto González Pérez, exdirector del Presidios, pudo haber incurrido en los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. Amado Valdez, Luis Lima Oliva, hermano del fallecido Byron Lima, y el abogado Moisés Galindo fueron enviados a la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala, zona 17, mientras que el resto de hombres fue enviado a Pavoncito. Las mujeres detenidas fueron trasladadas a la cárcel Santa Teresa, en la zona 18. La juzgadora programó para el 17 de octubre a las 9:00 la audiencia de primera declaración de los señalados.

Castillo y Norberto de Jesús Ortega son sindicados de  enriquecimiento ilícito, Oswaldo Pop Velásquez por  cohecho pasivo, y Sorayda Herincx Soto, Militza Lorena Viera Juárez, Luis Lima Oliva y Ana María González son señalados de peculado por sustracción. La otra persona vinculada al caso es Luisa María Salas Bedoya, síndico I de la Municipalidad de Guatemala, quien fue hospitalizada, tras sufrir una crisis con la noticia.

 Fotografía de Portada: Rocío Ávila

Alejandra Quevedo

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